Ola Bini, desarrollador de software libre y defensor de la privacidad, ha sido detenido como preso político por el gobierno de Ecuador y necesita de tu colaboración.
El 11 de abril de 2019, tras una conferencia de prensa protagonizada por ex ministra de Interior, María Paula Romo, Ola Bini fue detenido de forma ilegal, ilegítima y arbitraria en el Aeropuerto Internacional de Quito. La ex ministra lo acusó de ser un ruso, miembro de WikiLeaks, y colaboraron de Julian Assange en el país, que había intentado desestabilizar al gobierno del expresidente Lenín Moreno. Tras pasar 70 días preso, fue liberado gracias a un Habeas Corpus que declaró que su detención fue ilegal y que sus derechos humanos fundamentales fueron vulnerados por el Estado. Aún así, con la intervención del gobierno de Moreno, Ola fue acusado, primero, de atacar sistemas informáticos y, luego, de acceder sin consentimiento a un sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pero no en 2019, sino, supuestamente en 2015.
El proceso penal iniciado en 2019 estuvo viciado de decenas de violaciones al debido proceso y a los derechos de Ola, en todas y cada una de las etapas judiciales. Por esto, y por la relevancia del caso para la vigencia de los derechos digitales, más de 100 organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, se han expresado públicamente en contra las acusaciones y una veintena de ellas conformaron una Misión de Observación Permanente. Además, la RELE-CIDH ha llamado la atención al Ecuador de manera recurrente sobre la forma en que se ha llevado a cabo el proceso.
Con tales antecedentes, un Tribunal de primera instancia, por unanimidad, declaró la inocencia de Ola Bini el pasado 31 de enero. En su argumentación oral sostuvo que ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni la CNT, presentaron ningún tipo de prueba que diera cuenta del cometimiento de ningún delito. Es más, el Tribunal encontró que los mismos testigos de la FGE argumentaron que no había indicios de que Bini habría accedido sin consentimiento a ningún sistema.
Ola Bini es inocente. Así lo sostienen los hechos. Así lo sostiene la sociedad civil nacional e internacional. Así lo entienden los organizaciones nacionales y regionales de DDHH. Así lo admite la prensa. Así también lo ha dicho la Justicia. No obstante, la Fiscalía y CNT, de forma irracional y a contracorriente, han anunciado que apelarán el fallo en cuestión.
En los próximos meses, un nuevo Tribunal convocará a las partes a una audiencia de apelación para analizar la sentencia emitida en primera instancia y fallar sobre su contenido. Una vez más, todos los actores sociales estarán pendientes de lo que se decida y sus implicancias. En ese marco, recordemos: no sólo está en juego la vida de un inocente, sino también la vigencia de los derechos digitales en el país.
